El recorte del 75% al “gasto corriente” del presupuesto público ordenado por Andrés Manuel López Obrador compromete el pago de los servicios esenciales para el funcionamiento del gobierno, como luz, agua, gas, telefonía y arrendamientos, pero también podría afectar inversiones prioritarias en salud, educación, energía e investigación científica.
Algunas de dichas inversiones están relacionadas con la adquisición de medicamentos y suministros de laboratorio, arrendamiento de equipo médico, producción de materiales de enseñanza para centros educativos o la compra de combustibles para plantas productivas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).