La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal por la posible comisión de delitos electorales, tras la revelación de un video el que se aprecia al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero en efectivo en Chiapas, el cual se habría destinado para financiar la operación de Morena el sexenio pasado.

Sin embargo, a casi dos meses de que se salieron a la luz pública las grabaciones, el Ministerio Público aun no cita a declarar formalmente a Pío López Obrador, hermano del expresidente, ni a quien aparece entregándole el dinero: el diputado federal suplente y exfuncionarIo del actual gobierno, David León.

Peculado y lavado de dinero, son los delitos que presuntamente cometieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en México y representantes de la empresa Nunvav Inc., por la celebración de 9 contratos, entre 2012 y 2017,  por una cantidad de 390 millones de dólares y uno más por 270 millones de pesos para la entrega de equipo tecnológico para los Centros Federales de Readaptación Sociales (Ceferesos), informaron funcionarios federales cercanos a las indagatorias.

Nunvav Inc., es una empresa creada en Panamá presuntamente relacionada con Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública federal, con la que se presume desvió recursos públicos de la SEGOB.

“Es injusto” el proyecto de sentencia del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas sobre no conceder el registro a México Libre, consideró Felipe Calderón, su máximo dirigente, lo que ratifica la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE).

“(El) proyecto del TEPJF invalida correctamente el criterio ‘del 5%’ invocado sin razón por el INE, pero sigue sin valorar las pruebas que identifican plenamente a aportantes a través de tarjeta (Clip) y anula arbitrariamente asambleas que INE validó. Es injusto”, escribió esta mañana en Twitter.

Indígenas tzotziles de la comunidad Santa Martha, Chenalhó, pidieron 50 millones de pesos para ceder 32.5 hectáreas de tierras a sus adversarios de Aldama, así como 200 mil pesos por cada uno de sus muertos y 100 mil de reparación del daño para sus 16 heridos.

Las autoridades comunales de Manuel Utrilla Santa Martha hicieron pública una copia de acta a través del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa en donde responden a una propuesta gubernamental para la solución del conflicto agrario que se vive entre pobladores de Aldama y Santa Martha, Chenalhó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos de Coahuila e Hidalgo a participar en los comicios del próximo domingo, retomando su posición respecto al injerencismo de los gobiernos locales y las prácticas de fraude electoral.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente destacó la importancia de las elecciones, destacando también que son las primeras que se realizan con la pandemia activa.

“Un llamado a los ciudadanos de estos dos estados para que participen en las elecciones y que se haga valer la democracia, que haya elecciones libres y limpias, que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes, que no haya injerencia, intervencionismo de los gobiernos municipales, estatales ni del federal”, dijo.

El Partido Encuentro Solidario (PES), resurgido de Encuentro Social, podría no obtener el registro como partido político, al igual que México Libre, organización impulsada por Felipe Calderón y Margarita Zavala, de acuerdo con proyectos de sentencia que serán votados este miércoles por la Sala Superior del Tribunal Electoral federal.

Fuentes del órgano jurisdiccional confirmaron a Animal Político que los magistrados también propusieron a sus colegas sí otorgar el registro a Redes Sociales Progresistas (RSP) -organización vinculada a la exlíder del SNTE Elba Esther Gordillo- y a Fuerza Social por México (FSM) -ligada al dirigente sindical y senador morenista Pedro Haces Barba-.

Cinco personas que trabajaron en Fundación Azteca –la asociación filantrópica del empresario Ricardo Salinas, y que fue presidida por el actual secretario de Educación, Esteban Moctezuma– ahora ocupan puestos directivos de la SEP recién creados en esta administración.

En ninguno de los casos  tenían experiencia previa en la administración pública, pero en su primera vez que como servidores públicos tienen salarios que van desde los 32 mil pesos hasta los 113 mil pesos mensuales. 

Decía el némesis de la 4T, Felipe Calderón Hinojosa, que el reto del Partido Acción Nacional, era, entrada la década de los 2000, ganar el Gobierno sin perder el partido. En Morena ganaron el Gobierno con un incipiente partido que hoy se está perdiendo en la avaricia electoral por los procesos electivos del 2021 y el 2024.

Tan jugoso es el juego electoral para Morena en los próximos cuatro años que a la convocatoria para elegir la fórmula líder del partido se registraron 100 personas, 47 que aspiraban a la dirigencia nacional, y 53 que buscaban la secretaría general del partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La rapiña. Así, tal cual, lo que sucede con la 4T: una rapiña con los dineros de todos los mexicanos. Rapiña, que significa saqueo ante la falta de defensa. Apoderándose de los recursos públicos. Desviándolos hacia los caprichos presidenciales. Matando a la salud en días de pandemia mortal. A la ciencia. A la tecnología. A la investigación. A la cultura. Al deporte. Al desarrollo. Aniquilando a la inteligencia nacional.

Rapiña operada desde San Lázaro, con la mayoría espuria de Morena en la Cámara de Diputados gracias a que “chapulines” de otros partidos brincaron a la bancada morenista para alcanzar mayoría absoluta (250 + 1).

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno de la Ciudad de México estará a cargo de la investigación sobre el robo de medicamentos oncológicos ocurrido el 7 de octubre.

Como parte de los primeros informes, el mandatario precisó que el hurto se realizó con cuatro tráileres, una camioneta de redilas y tres automóviles.

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato abatieron a seis hombres durante un enfrentamiento en una comunidad del municipio de Celaya, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

Esa oficina indicó que la madrugada de este miércoles, los elementos estatales fueron atacados cuando atendían un reporte de disparos de arma de fuego en la comunidad de Juan Martín. “La agresión se registró sobre el camino que conduce de las comunidades Rincón de Tamayo hacia San Isidro, al sur de este municipio, cuando los elementos del Grupo Táctico Operativo (GTO) desplegaban un patrullaje para la búsqueda de los sujetos armados que poco antes habían realizado detonaciones en la comunidad Juan Martín”.

Quienes defienden los fideicomisos defienden la corrupción”, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, al rechazar que la extinción de estos fondos sea un acto de confiscación por parte del gobierno.

Dijo que los fideicomisos son fuentes de corrupción y mal uso de recursos públicos como lo que se reveló ayer. “¿Qué les pareció que una de las empresas de García Luna cobraba un curso para tres personas, de una hora 37 minutos, casi 6 millones de dólares. Para los récord Guinness. Eso (no ocurre) en ningún lugar del mundo, lo puedo garantizar”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que las escuelas y hospitales que ganaron los 20 millones de pesos en la llamada “rifa del avión presidencial” podrán decidir qué van a hacer con ese dinero, e informó que entregará los premios el  viernes 16 de octubre durante su conferencia matutina para evitar la desinformación.

El mandatario fue cuestionado sobre una secundaria en Veracruz que manifestó que no ha recibido el premio y tiene dudas sobre cómo llegará el dinero hasta sus manos y si lo podrán usar en las necesidades que ellos consideren prioritario.

Una empresa relacionada con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, la cual el actual gobierno considera "pieza clave en la triangulación de recursos" por parte del ex funcionario, recibió entre 2012 y 2017 contratos del sector público por 390 millones de dólares, informaron anoche la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Adicionalmente, en julio de 2012, cuatro meses antes de que concluyera el mandato de Calderón, la empresa ligada a García Luna, llamada Nunvav Inc, obtuvo un contrato anual por 19 millones de dólares para dar un curso de capacitación de una hora y media a tres personas que no laboraban en el área contratante del trabajo, explicaron Hacienda y la Presidencia, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema en la conferencia matutina.

A días de que se implementó la NOM-051 sobre etiquetado claro en chatarra relacionada con obesidad, diabetes e hipertensión, y frente al efecto dominó de gobiernos estatales sobre prohibir la distribución de productos ultraprocesados a menores de edad, la industria transfronteriza prepara una coalición binacional contra estas políticas públicas. Acusa que impactan la confianza de inversión y empleo en plena crisis económica por la COVID-19, y “contravienen al espíritu” del T-MEC.

Porfirio Muñoz Ledo denunció hoy a Mario Delgado por presunto uso ilegal de recursos públicos para promover su campaña política por la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por Andrés Manuel López Obrador. Acusó “despilfarro en despoblado de recursos del pueblo”.

En un comunicado, Muñoz Ledo consideró que “no todos los contendientes basaron su candidatura con miras a ganar la encuesta por la dirigencia de Morena de una forma limpia, por medio del trabajo, del diálogo, de las propuestas y de la construcción de una carrera política honesta, tal y como debe hacerlo todo aquel que verdaderamente tiene la vocación y el deseo inenarrable de servir al pueblo de México”.

El Gobierno de México estima que para septiembre de 2021 toda la población en el país se habrá vacunado contra el coronavirus, según detalló este miércoles el Canciller Marcelo Ebrard.

A casi dos años de su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum no ha dejado de investigar los actos irregulares y la presunta corrupción de Luis Ernesto y Julio César Serna Chávez, dos de los funcionarios incondicionales de Miguel Ángel Mancera Espinosa durante su administración.

Entre agosto y septiembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió dos carpetas de investigación contra los dos hermanos, amigos desde la infancia de Mancera –quien hoy se desempeña como senador–, pues la Secretaría de la Contraloría General (SCG) encontró que en sus declaraciones patrimoniales de abril de 2018 no reportaron la propiedad de nueve inmuebles –casas y departamentos– adquiridos y remodelados en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez.

El multimillonario Ricardo Salinas Pliego, aliado y contratista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ahorro para las pensiones no debería recaer en el patrón ni en el Estado, sino ser responsabilidad única del trabajador, quien “tiene la obligación de ahorrar para aspirar a un futuro digno”.

En su blog personal, el segundo hombre más rico de México –con una gran actividad en redes sociales en los últimos días– expresó su opinión muy “neoliberal” sobre el sistema mexicano de pensiones, del que saca provecho personal, dado que controla la empresa Afore Azteca, que en los primeros seis meses de 2020 obtuvo una utilidad neta de 119 millones de pesos.

Más allá de los discursos, México sigue siendo un paraíso para la corrupción, pues entre 2016 y 2019 los sucesivos gobiernos sólo han investigado tres casos de cohecho internacional –los tres en 2018, entre ellos el caso Odebrecht–, pero hasta la fecha no han judicializado ni sancionado uno solo, observó la organización Transparencia Internacional.

La pasividad de las autoridades mexicanas ante los sobornos de compañías extranjeras es difícilmente explicable: en el mismo periodo, el gobierno de Estados Unidos investigó y castigó cuatro casos de corrupción perpetrados por empresas internacionales en México –como Odebrecht, la farmacéutica israelí Teva o la cementera Cemex–, de los cuales recuperó más de mil millones de dólares, de acuerdo con el informe “Exportando Corrupción 2020”.

Entre enero y agosto de este año, 8 mil 145 personas murieron en México por un hecho o accidente de tránsito. En promedio, es una muerte cada 40 minutos por un choque, una volcadura o un atropellamiento como el que sufrió la semana pasada la ciclista Alexia Ordoñez en la carretera México-Puebla.

Pese a la desmovilización registrada este año debido al confinamiento sanitario por la pandemia de COVID-19, el número de personas que murió en hechos de tránsito en comparación con 2019 se redujo apenas 1.69%. Y hay once estados, entre ellos los más poblados del país, donde los casos se incrementaron.

Por obstáculos burocráticos para contratar abogados en 2019, el IMSS perdió juicios fiscales que significaron un boquete de más de 4 mil millones de pesos de cuotas obrero-patronales que el instituto falló en recuperar.

Además, ese año también aumentó el número de juicios laborales, fiscales y administrativos contra el Seguro Social, y se disparó un 36% el dinero reclamado a la institución ante la justicia.

Catorce civiles murieron y tres policías estatales fueron heridos en un presunto ataque en contra de los agentes en el municipio de Calera, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Los civiles emplearon fusiles Barret y hasta un lanza- granadas, con todo lo cual fueron abatidos en el enfrentamiento que se desató entre la zona rural de las comunidades Nueva Alianza y Río Frío, a unos 40 kilómetros de la capital zacatecana.

Aunque este supuesto enfrentamiento se desató durante la tarde del lunes, se prolongó por varias horas, por lo que la información fue confusa.  En redes sociales, habitantes de Calera publicaron videos en los se escuchaba el intercambio de disparos.

El tema de la extinción de fideicomisos –compromiso 37 de los 100 que Andrés López Obrador expuso en su toma de posesión– al fin cobraba forma en la Cámara de Diputados.

El 1 de octubre se presentó para su discusión al pleno el decreto para terminar con 109 de ellos y su aprobación era objetivo de alta prioridad. Por eso, la noche de ese jueves había molestia en el ocupante de Palacio Nacional.

La deuda externa del país, ascendió a 469 mil 729 millones de dólares en 2019, lo cual significa un incremento del 3.6% respecto al 2018, informó el Banco Mundial (BM).

De acuerdo con el organismo internacional, las obligaciones del sector público sumaron 303 mil 617 millones de dólares, lo que incluye las empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad, así como los gobiernos federales y subnacionales.