El gobierno federal anunció un apoyo de 11 mil 460 pesos para los familiares de personas fallecidas por COVID-19 en el país.

Este recurso, explicó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, es válido para quienes perdieron a algún familiar entre el 18 de marzo de 2019, y hasta el día en que se declare el fin de la emergencia sanitaria.

Miguel Vázquez Martínez, de 70 años, desapareció el 20 octubre en Tlapacoyan, Veracruz. La última vez que fue visto se encontraba subiendo al vehículo de unos desconocidos, que se lo llevaron, presuntamente, para ver un auto, ya que Vázquez Martínez es dueño de un taller y una refaccionaria.

Desde entonces su familia no tiene pistas sobre su paradero. Recibieron llamadas de sus supuestos captores para negociar por su libertad, pero no hubo acuerdos. Por recomendación de la Fiscalía General del Estado (FGE) guardaron silencio. Ahora, más de un mes después de que se lo llevaran, familiares y organizaciones ecologistas de la zona hacen público el secuestro: creen que su activismo en defensa del río esté detrás de su captura.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Morelos a Dionisio “N”,  alias “Nicho”, identificado como el padre de Óscar Andrés “N”, alias “El Lunares” y operador logístico y financiero de la organización delictiva La Unión Tepito; le decomisaron armas y droga.

Según trabajos de investigación de la policía capitalina, “Nicho" era el responsable de coordinar y organizar la venta y distribución de drogas, principalmente en el centro de la Ciudad de México, así como de reunir el dinero y pagar a los distribuidores y narcomenudistas.

Violaciones a derechos humanos y recorte presupuestal, entre otros agravios, forman parte del informe “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”, realizado por la organización civil Documenta.

El amplio informe, que debe su título al argumento que dan encargados de pacientes psiquiátricos a medidas coercitivas como la sujeción mecánica, el encierro y el suministro de fármacos, alienta a un cambio de modelo de atención de la salud mental en el país, centralizada en la hospitalización, por uno que ponga en el centro la dignidad humana, en apego a los estándares internacionales de derechos humanos.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, sumó otra denuncia penal en su contra por el manejo de la pandemia de covid-19.

En esta ocasión la denuncia fue interpuesta por la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, una agrupación que aglutina a alumnos de distintas facultades de la UNAM, principalmente de la de Derecho.

Un juez federal vinculó a proceso al general José Antonio Ramos Arévalo, quien fue director de Servicios Aéreos de la extinta PGR en la gestión de Jesús Murillo Karam, por la presunta adjudicación irregular de dos contratos por 615 millones de pesos para la compra de siete drones de uso militar.

Los aviones no tripulados fueron adquiridos en 2013 a la compañía Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., que pertenece al grupo empresarial que un año después vendió a la PGR de Murillo Karam el malware espía Pegasus por 32 millones de dólares (alrededor de 450 millones de pesos de la época).

Juan Carlos Padilla Aranda era hombre de familia y llevaba 30 años vendiendo tamales. El lunes 23 de noviembre se dirigía al tianguis de los lunes en la ciudad de Celaya, Guanajuato, acompañado de su esposa e hija, cuando una camioneta RAM sin placas les impidió el paso. Con el argumento de que tenían una orden de aprehensión contra él comenzaron a forcejear para subirlo al vehículo. Y lo lograron.

Tras unas horas sin saber nada de Juan Carlos, se notificó a su familia que lo habían dejado en el Hospital General de la ciudad, y que presentaba signos de violencia física. Poco después, se confirmó su muerte.

A 14 años de la Masacre de Viejo Velasco, en Ocosingo, Chiapas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio admisibilidad al caso, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El Frayba celebró la decisión de la CIDH y recordó que a 14 años de la masacre «prevalece la impunidad», pues no se ha investigado, identificado, juzgado y sancionado a los autores intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos de los indígenas, perpetradadas el 13 noviembre de 2006.

El regreso de Margarita Zavala y Felipe Calderón al Partido Acción Nacional (PAN) está en curso, reveló hoy Marko Cortés, dirigente nacional de ese partido, quien detalló que se ha reunido en dos ocasiones con la excandidata presidencial.

“Yo personalmente he tenido dos reuniones con Margarita Zavala”, informó el presidente del PAN, quien explicó que con ella ha buscado puntos de coincidencia para no pulverizar el voto opositor. “México nos requiere unidos”.

El abogado Epigmenio Mendieta dio a conocer hoy las razones por la que Rosario Robles decidió finalmente colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para terminar de armar el rompecabezas de la llamada “Estafa Maestra”.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiario de Radio Fórmula, el litigante dijo la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio pasado decidió tomar ese camino para evitar pasar el resto de su vida en prisión, pues los nuevos delitos que le imputaron --delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita--, implicarían permanecer hasta 45 años en prisión.

Pero la aseguradora resolvió que la culpa del siniestro era de las víctimas, la petrolera aceptó el dictamen y un juzgado civil federal resolvió desechar una acción colectiva por considerar que los afectados no tenían personalidad jurídica para reclamar.

Las reformas para sancionar con cárcel la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, conocidas como ”Ley Olimpia, son insuficientes porque aún faltan mecanismos para aplicar la ley y alternativas de justicia que no sean punitivistas.

Durante el lanzamiento del informe elaborado por Luchadoras “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, que se realizó este lunes, las defensoras de los derechos digitales Angélica Contreras, Agneris Sampieri y Olimpia Coral Melo, coincidieron en que las reformas legislativas son un avance, pero falta avanzar.

La organización pacífica de Las Abejas de Acteal calificó de «especialmente cruel» el ataque armado de paramilitares de Santa Martha, Chenalhó, contra la brigada de ayuda humanitaria de Cáritas San Cristóbal de Las Casas y del Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México (FISANIM), quienes entregaban alimentos a las familias tsotsiles desplazadas por las lluvias y por la violencia en el municipio de Aldama, Chiapas.

«No podemos entender cómo un gobierno que se dice de ‘los pobres’ permite estas agresiones», señalaron Las Abejas en un comunicado, en el que exigieron que se investigue a los responsables de las muertes, lesiones y desplazamientos en Aldama «y que sean desarmados todos los que han estado disparando armas de uso exclusivo del ejército».

Rosario Robles Berlanga declarará ante la Fiscalía General de la República (FGR)  que parte de los recursos desviados de la llamada Estafa Maestra, los cuales habría ordenado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, favorecieron la campaña electoral del 2018 del priista José Antonio Meade Kuribreña, según adelantó la defensa de la exfuncionaria.

El abogado Sergio Arturo Ramírez comentó a medios que Videgaray supuestamente ordenó que se destinaran recursos públicos a al menos cuatro campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El presunto desvío del erario habría iniciado con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto (2012), después con la elección intermedia de 2015, la campaña por la gubernatura de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México (2017), y por último, la de Meade, en 2018.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy que se detuvo y vinculó a proceso a exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el caso de la Guardería ABC.

Entre 53 países con economías de más de 200 mil millones de dólares, México es el peor lugar para vivir durante la era COVID-19, de acuerdo con un ranking realizado por Bloomberg.

“A medida que COVID-19 se ha extendido por todo el mundo, ha desafiado las ideas preconcebidas sobre qué lugares abordarían mejor la peor crisis de salud pública en una generación. Las economías avanzadas como Estados Unidos y el Reino Unido, clasificadas según varias medidas anteriores a 2020 como las más preparadas para una pandemia, se han visto repetidamente abrumadas por infecciones y enfrentan un regreso a costosos bloqueos. Mientras tanto, otros países, incluso naciones en desarrollo, han desafiado las expectativas, algunos casi han eliminado el patógeno dentro de sus fronteras”, señala la agencia estadounidense en el ranking de resiliencia de COVID.

Luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, representantes del sector empresarial aseguraron que le manifestaron que están en contra de la subcontratación laboral y de las afectaciones fiscales que ésta causa, por lo que acordaron establecer, a partir de mañana, mesas de diálogo con el gabinete involucrado en la iniciativa de reforma al outsourcing.

Por la mañana, el mandatario señaló que el gobierno federal está abierto a revisar con el sector empresarial los alcances de la iniciativa para regular el outsourcing y eliminar los abusos, y lanzó el cuestionamiento: “se dice: ‘es que se van a perder empleos’. Pues qué, ¿vamos a estar promoviendo empleos mal pagados? Es una vergüenza que los salarios en Guatemala, en Belice sean más elevados que en México”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que en un “un buen ambiente de diálogo con los representantes empresariales” sobre la subcontratación laboral, se acordó que ellos “no protegerán a quienes abusan de este mecanismo” y se abre la posibilidad de revisar toda la iniciativa de ley para convencer sobre qué hace falta y, en el caso de que se tenga razón, hacer modificaciones; tener capacidad de rectificar, no caer en la autocomplacencia”.  

En la conferencia matutina del martes, indicó que los líderes empresariales están en el plan de “ayudar, no están en contra de los trabajadores, que haya justicia. Les preocupa que vaya a significar tener que contratar de manera directa, permanente a trabajadores, y que pueda haber sanciones, sobre todo que se apliquen de manera discrecional, autoritaria. Les garantizamos que eso no va a suceder y que se está dialogando y se va a llegar a un acuerdo”. En todo esto siempre son pocos los que actúan mal con todo, aseguró. 

El tramo final de la declaración de Emilio Zebadúa González aborda otro caso que retrata la manera en cómo se manejó el dinero en la Secretaría de Rosario Robles Berlanga, en este caso, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

De acuerdo con el documento, los actos ilícitos relacionados con el manejo de recursos públicos también llegaron hasta el proyecto de infraestructura más importante de la administración de Enrique Peña Nieto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El abogado de Rosario Robles Berlanga dijo que las declaraciones que la exfuncionaria hará ante la Fiscalía General de la República (FGR) como “testigo colaborador” señalan al extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

En una declaración hecha a medios, el licenciado Sergio Arturo Ramírez reveló que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, expondrá directamente a quien fuera mano derecha del anterior Presidente de México.

Una periodista pidió ayuda al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para resolver el feminicidio de su hija en Oaxaca, además de entregar una carta con más de 18 mil firmas de madres que piden un “alto al feminicidio”.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente AMLO aseguró que le brindaría ayuda a la periodista Soledad Jarquín, luego de que ésta expusiera que su hija había sido víctima de feminicidio en Oaxaca y que llevaba una carta con firmas de madres que pasaban por la misma situación para que se les atendiera.

El exlíder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, ahora es el fugitivo más buscado por la Administración de Control de Drogas​ de los Estados Unidos (DEA), quien ofrece hasta 20 millones de dólares por información que ayude a capturarlo.

Caro Quintero también es buscado por el FBI, quien en 2018 aumentó la recompensa por su captura, pues lo busca por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) presuntamente simuló, en 2014, una licitación con varias empresas para transferir más de 77 millones de pesos que había recibido de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El aparente concurso – que luego quiso ocultar en una auditoría – fue el primer paso de un mecanismo organizado para lavar dinero desviado bajo el esquema de “La Estafa Maestra”.

Así lo señala la acusación que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) presentó ante un juez federal para obtener once órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada. Tres de estas órdenes son en contra de exfuncionarios de la referida casa de estudios, entre ellos el que fuera rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, quienes hoy están prófugos.

La colectiva Luchadoras ha acompañado, de enero a noviembre de este año, 402 casos de violencia digital, de los cuales 90% de las víctimas han sido mujeres, situación que refleja la gravedad del fenómeno que hasta ahora no ha contado con la suficiente atención de las autoridades.

“Las mujeres cumplen denunciando, pero las autoridades les han fallado”, consideró Lulú Barrera, directora de Luchadoras, durante la presentación del informe “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”.

La senadora Kenia López Rabadán presentó una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público por la decisión de inundar a los más pobres de Tabasco, para no afectar la capital, Villahermosa.

A nombre de su grupo parlamentario, la senadora denuncia que el Ejecutivo federal contaba con la información de los patrones hídricos de la zona del estado de Tabasco, conocía los informes del Servicio Meteorológico Nacional y la problemática que ha padecido históricamente la entidad por las inundaciones, y aun así decidió irresponsablemente inundar zonas donde se sabía que, debido a las condiciones y características étnicas y socioeconómicas de la población local, se afectaría en mayor grado.