Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al exgobernador de Puebla, Mario Marín, en un domicilio en Acapulco, Guerrero.

Un grupo de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal lo localizó en un inmueble de dicha zona, por lo que pidió una orden de cateo al juez, quien la autorizó.

La orden de aprehensión contra el exgobernador es por el presunto delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho y fue girada por el primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo, por lo que será trasladado a ese estado.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que las violaciones a derechos humanos de personas migrantes son inaceptables y que la actual administración imputará a servidores públicos que se vean implicados en ataques a migrantes.

En el contexto de las investigaciones por el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Camargo Tamaulipas, cuyo asesinato habría sido perpetrado por policías estatales, la secretaria de Gobernación fue cuestionada respecto a la probable implicación de elementos del Instituto Nacional de Migración.

Pero tras bambalinas las mismas firmas sostienen ante los tribunales una férrea lucha contra el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para proteger su modelo de negocio y utilidades.

El lunes 25 la Cofece dio a conocer multas contra siete bancos y personas físicas tras confirmar en una investigación que los señalados se coludieron para obtener beneficios en el mercado de deuda gubernamental.

Xavier Olea, extitular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), asumió la representación legal de una mujer que denunció por abuso sexual al candidato de Morena al gobierno de esa entidad, Félix Salgado Macedonio.

El exfiscal confirmó a Animal Político que será “representante probono” de la morenista que denunció tanto en la extinta PGR como en las instancias internas del partido hechos de violencia de género que habrían tenido lugar en 1998.

El cuerpo de Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos, pasante de Medicina que fue hallada muerta en Ocosingo, Chiapas, fue incinerado sin el consentimiento de su madre.

En conferencia de prensa,  María de Lourdes Dávalos Ábrego, madre de Mariana, señaló que nadie pidió su autorización para cremar el cuerpo de su hija y que el proceso fue demasiado acelerado.

María explicó que ella llegó un poco retrasada al velatorio porque viajó desde Torreón, ciudad en la que radica por cuestiones laborales.

Un comando ejecutó esta mañana al abogado Eloy Flores Carreto, considerado como pieza clave en el caso Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, en Guerrero.

En octubre de 2015, el litigante fue detenido por agentes federales junto al exalcalde perredista de Cocula Erick Ulises Ramírez Crespo en la ciudad de Cuernavaca, donde ambos sostenían una reunión con Adán Zenón Casarrubias Salgado "El Tomate", líder en ese entonces del grupo delictivo Guerreros Unidos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cesó a Ramón García Gibson, uno de sus más altos funcionarios, por "sus evidentes conflictos de interés", la "pérdida de confianza"  y su participación en el esquema que permitió a los cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle de Cali usar la infraestructura del HSBC en México para lavar cientos de millones de dólares en la primera década de este milenio.

El despido sucedió el pasado viernes 29 de enero y se produjo cuatro meses después de que Quinto Elemento Lab publicara una investigación acerca de García Gibson, donde se revelaban las omisiones en las que incurrió el exfuncionario durante su paso por HSBC, banco en que presidía el máximo órgano antilavado.

Las balas entraron por la ventana y dejaron sus huellas en paredes y muebles de la casa. Temblorosa, sólo cargó con su pequeña hija a la espalda y huyó hacia el monte. Entre el miedo y las prisas olvidó ponerse sus huaraches de hule: lo único que quería era escapar del ruido de metralla y poner a salvo a su niña de 3 años. Era la madrugada del 20 de enero. De entre la hierba y los árboles venían los disparos. El resto de sus familiares no se atrevieron a seguirla, estaban aterrorizados y no se pudieron mover. Escondida en el monte, esta joven triqui abrazaba a su hija y le imploraba silencio para no ser descubiertas. La pequeña no paraba de llorar.

El miedo y la angustia duraron 4 días. María y su nena permanecieron ocultas en la serranía oaxaqueña sin alimento ni agua. Las heridas de la huida se hicieron costras en las piernas y, entre los dedos de los pies, aún están las huellas. La pequeña aún tiene ronchas coloradas por todo el débil cuerpo. Los insectos se dieron un festín.

En enero de 2020 en México no había pandemia. Los casos de contagio del SARS-CoV-2 empezaban a salir de China pero muchos gobiernos –incluido el mexicano- minimizaban la COVID-19 hasta que fue tarde. Lo que sí había entonces y permanece tan enraizado como siempre, es el narcotráfico y el crimen organizado.

Algunos suponían, erráticamente, que durante la cuarentena decretada en marzo de 2020, también los criminales disminuirían sus ilícitas actividades. No fue así. El fatídico año cerró con 34 mil 523 homicidios dolosos, apenas 125 menos que las 34 mil 648 muertes violentas registradas el año 2019.

Un hombre de 48 años que tenía insuficiencia renal murió frente al Hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de que aparentemente le fuera negado el servicio médico, denunciaron sus familiares en una grabación difundida en redes sociales y en la prensa.

La grabación muestra cómo el hijo del enfermo implora a gritos y frente a la entrada de urgencias que se les proporcione la atención, sin tener respuesta. El mismo material da cuenta de que en repetidas ocasiones se asegura que no se trata de un caso de COVID-19, sino de insuficiencia renal.

En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció por primera vez a México por tortura sexual cometida por militares en contra de dos mujeres indígenas de la montaña de Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo. Estas sentencias fueron emblemáticas porque se reconoció la existencia en México de una “violencia institucional castrense” en un contexto de desigualdad, pobreza y discriminación, y bajo un sistema de justicia militar que permitía la impunidad. También, porque nombró por primera vez a esta violencia cometida por militares como tortura sexual, lo que elevó el delito a una grave violación a los Derechos Humanos (DH). 

Para evitar nuevos casos de tortura sexual, la CoIDH ordenó al Estado mexicano reformar sus leyes para que, en violaciones a DH y delitos contra civiles cometidos por militares, éstos fueran juzgados bajo el fuero ordinario y no militar como ocurrió durante todos estos años.

La omisión y falta de investigación de los delitos de género evidencian la normalización de la violencia machista y la falta de perspectiva de género y de voluntad política para atender los casos de agresiones a mujeres y niñas en Chiapas, denunciaron el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Mujeres Libres COLEM y Católicas por el Derecho a Decidir.

Las organizaciones señalaron que la más reciente muestra de la inacción de las autoridades es el caso de la pasante de medicina Mariana Sánchez, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida dos meses después de que presentara su denuncia frente a la Fiscalía General de Chiapas por haber sido víctima de violencia sexual.

Alonso Ancira Elizondo, quien fuera dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), viene de regreso a México en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR), el cual despegó la madrugada de este miércoles desde España, donde el empresario se encontraba preso y tenía pendiente concluir su proceso de extradición.

Ancira Elizondo salió de la cárcel de Palma de Mallorca para abordar la aeronave oficial de la FGR, la cual se espera que aterrice en la Ciudad de México entre la tarde y noche de este día, con el objetivo de que ahora comience su proceso penal con las autoridades mexicanas, a quienes debe responder por presunta asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito mejor conocido como lavado de dinero.

El mecanismo de inmunización contra el coronavirus Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, la alianza de vacunas GAVI y otros organismos internacionales, reveló el miércoles la cantidad de vacunas que planea entregar a los países que participan en la iniciativa, entre ellos varios de Latinoamérica.

Se trata de la primera estimación y por ahora sólo incluye las de Pfizer y AstraZeneca, aunque la primera es por el momento la única que tiene autorización de la OMS. La desarrollada por el laboratorio inglés junto con la Universidad de Oxford está en proceso de obtener el permiso.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno de Tabasco firmaron un acuerdo para condonar el historial de adeudos de más de 600 mil usuarios en la entidad.

En conferencia de prensa, el Gobernador Adán Augusto López precisó que a todos los beneficiarios de consumo doméstico a excepción de los de alto consumo, se les condonará la deuda y estarán en la tarifa eléctrica 1F (considerada la más baja) de manera automática en un plazo de 72 horas por lo que no será necesario acudir a ningún módulo de la CFE.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe rendir  cuentas, ser transparente y no ocultar información.

Al ser cuestionada sobre los testimonios de tortura, asesinatos y violaciones de migrantes entre 2019 y 2020 revelados por Animal Político y que la CNDH ha ocultado, la funcionaria respondió que la actuación de la dependencia tiene que ver con la denuncia, las recomendaciones y la transparencia.

Más de 7.5 millones de adultos mayores no cuentan con acceso a internet para realizar su registro de vacunación en la página que el gobierno federal habilitó este 2 de febrero, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ante la elevada cantidad de personas de la tercera edad que no utilizan internet, la mayoría de los registros serán realizados por sus familiares. Sin embargo, las cifras apuntan que de los 99 millones de personas que viven en zonas urbanas, 36.9 millones de ellas carecen de servicios de internet, por lo que uno de cada tres mexicanos no podrá registrar a sus familiares en el padrón para recibir la vacuna contra el Covid-19.

El exlíder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, solicitó un amparo porque, aseguró, las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 del Altiplano, donde permanece recluido, lo mantienen incomunicado y aislado, además de que sufre maltrato.

El juez Segundo de Distrito de Amparos y Juicios Federales del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, concedió a ‘El Marro’ la protección de la justicia y ordenó a la autoridad responsable (en este caso, el director del Cefereso, Marte Camarena Bahena) que “determine el cese inmediato del acto reclamado consistente en la incomunicación, aislamiento y malos tratos, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) elevó 3%, en promedio, el cobro en las 50 autopistas y caminos concesionados.

En un comunicado, señaló que solicitó a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), como operador, que a partir de las 00:00:01 horas del 3 de febrero de 2021 se aplicaran las tarifas autorizadas en las Plazas de Cobro de cada camino y puente de cuota del citado fideicomiso.

La Fiscalía General de Michoacán solicitó una prórroga de dos meses para las investigaciones complementarias sobre el feminicidio de Jessica González Villaseñor, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 25 de septiembre del año pasado.

En la Sala Penal número 7, donde se realizó la segunda audiencia, la Fiscalía señaló al juez Fernando Hernández la necesidad de cotejar información forense y revisar otros 23 datos de prueba presentados durante la audiencia celebrada el 1 de septiembre de 2020.

Un juez de control liberó orden de aprehensión contra 12 efectivos de la policía estatal por su probable participación en el crimen de 19 migrantes localizados en el municipio de Camargo, informó hoy Irving Barrios Mojica, fiscal general del estado.

En conferencia de prensa, Barrios Mojica mencionó que los probables delitos en que incurrieron los policías son: homicidio calificado, abuso de autoridad, mal desempeño de funciones administrativas y falsedad de informes presentados ante una autoridad.

La Fiscalía General de la República (FGR) incumplió con el plazo final de cinco días hábiles que le dio el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) para transparentar en versión pública la carpeta de investigación iniciada por los sobornos de la constructora Odebrecht, y proporcionar datos y resultados del caso.

Pese a las advertencias del INAI de posibles sanciones y hasta denuncias si no acataba la orden, la Fiscalía no desclasificó ni un dato. El argumento que dio esta vez, según autoridades del Instituto, es que no había sido notificada formalmente de que el último de los amparos que tramitó en contra de la orden de abrir el caso ya había sido desechado.

Secuestros masivos y extorsiones, lo mismo a manos de grupos armados que de servidores públicos. Cuerpos policiales que capturan a migrantes y los entregan al crimen organizado. Familias aterrorizadas que miran cómo sus compañeros de tránsito hacia Estados Unidos son torturados hasta sacar el número de teléfono de alguien que pueda pagar por ellos.

Son escenas de lo que personas migrantes han vivido en México cada día de los últimos dos años, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha encargado de silenciar y ocultar.

Las bases de datos de los bancos BBVA y Santander y la del Seguro Social fueron puestas a la venta el 22 de enero último en un foro, según la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

En la nota publicada en su portal, la organización civil dice que la base de BBVA tiene los datos de tres millones usuarios, la de Santander un millón y la del IMSS 42 millones.

El gobierno de Estados Unidos emitió una ordenanza: que todas las personas sean incluidas en el proceso de vacunación en su país, sin considerar su situación migratoria.