El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las acusaciones hacia su gobierno de militarización carecen de “toda lógica”, y de la más elemental “buena fe”.

“No se ha ordenado que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen y opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y muchos menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos”, sostuvo en su informe por los primeros 100 días del tercer año de gobierno.

En sus listas de candidatos a diputados plurinominales, Morena incluyó en los primeros 10 lugares de cada circunscripción a empresarios, exfuncionarios públicos, alcaldes que ahora brincarán a San Lázaro y diputados federales que podrán reelegirse y retener su lugar.

Una de las primeras en la lista es la empresaria y economista Patricia Armendáriz, consejera de Grupo Financiero Banorte y quien ha manifestado su simpatía por el gobierno actual.

El reportero Pablo Romero Chávez, quien labora en la sección policiaca del periódico El Vigía y en la unidad móvil de la estación de radio FM 105, desapareció el pasado jueves 25 en Guaymas, Sonora.

Luego de perder comunicación con el periodista, sus familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, que ya investiga el caso.

La justicia alemana confirmó este martes la condena a uno de los principales fabricantes de armas alemanes, Heckler & Koch, a varios millones de euros de multa por la venta ilegal de miles de fusiles a cárteles de droga de México.

De acuerdo con información difundida por la agencia AFP, el fabricante, cuyo volumen de negocios anual fue en 2019 de 239 millones de euros (281 millones de dólares) tendrá que pagar una multa de más de tres millones de euros (3.5 millones de dólares), decidió la Corte Federal de Justicia de Karlsruhe (suroeste).

Tras varias horas de diálogo y negociación, la madrugada de este martes fueron liberados un grupo de militares que fueron retenidos en una comunidad de Mazapa de Madero, luego de que uno de ellos matara a tiros a un ciudadano guatemalteco, quien intentó evadir un puesto de control militar.

Trascendió que los soldados mexicanos retenidos en zona fronteriza tras la muerte de Elvis Mazartiegos Pérez fueron entregados a las autoridades mexicanas bajo el compromiso de que sean juzgados por la muerte del ciudadano guatemalteco.

Irinea Buendía Cortes, madre de la víctima de feminicidio Mariana Lima Buendía, denunció la impunidad, la falta de acciones gubernamentales y la omisión de las autoridades para atender la violencia machista en México, durante el Foro Generación Igualdad que inició este 29 de marzo en la Ciudad de México.

«Los pocos avances en las investigaciones, las mínimas acciones de prevención, la falta de implementación de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y la prevalente impunidad han convertido el silencio en el clamor que hermana a madres de víctimas con defensoras de los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y sociedad civil en general», dijo en su discurso Irinea Buendía, referente en la lucha por la búsqueda de justicia.

La tarde del 28 de marzo fue asesinado a balazos el defensor comunitario Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de Paso de la Reyna, reconocido por su defensa del Río Verde. El deceso ocurre a dos meses del asesinato de Fidel Heras Cruz, que a la fecha sigue impune.

Jiménez Ruiz, baleado en el camino de Santiago Jamiltepec a Paso de la Reyna, era integrante del comité de la asociación ganadera local.

A 24 horas del asesinato, las autoridades locales seguían en la espera de la Policía Estatal para ofrecer medidas de seguridad en una comunidad de apenas 500 habitantes.  

Por primera vez en la historia de los informes sobre la situación de los derechos humanos que año con año elabora el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado señaló a una periodista como partícipe a los ataques contra reporteros en México.

En paralelo, el gobierno de los Estados Unidos resalta que los periodistas que asisten a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y le hacen cuestionamientos difíciles son víctimas de ataques a través de Internet.

Miembros del Ejército Mexicano fueron señalados de perseguir y disparar en contra de una camioneta cuyos ocupantes intentaron evadir un puesto de control militar, un ciudadano guatemalteco fue acribillado a tiros, en tanto que ocho militares fueron desarmados y retenidos por pobladores de la zona.

Los hechos ocurrieron este lunes 29 de marzo alrededor del mediodía, en un camino rural ubicado en las inmediaciones del poblado San José Bacantum, en el municipio de Mazapa de Madera, donde los miembros del 15º Regimiento de Caballería Motorizada, mantenían un puesto de control militar, en ese punto de trasiego de mercancías ilícitas y paso de migrantes.

Los focos de alarma se prendieron en febrero pasado cuando la inflación, en su comparación mensual, se elevó 0.63%: la mayor tasa de la que se tiene registro para un mes similar desde el año 2000, mientras que en su comparación anual tocó 3.76%.

En México, nueve de cada 10 empresas dedicadas a la subcontratación –es decir, el 90 por ciento– son fraudulentas, señala el investigador José Alfonso Bouzas Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas (IEE) de la UNAM. En una primera investigación sobre el tema, la Unidad de Inteligencia Financiera descubrió 1 mil 854 empresas fachada relacionadas con el outsourcing “malo”, mientras que las autoridades hacendarias estimaron que en 2018 este esquema permitió que se evadieran impuestos por 470 mil millones de pesos.

Para Bouzas Ortiz –doctor en derecho social y experto en economía laboral–, “la subcontratación se reduce exclusivamente al hecho de que un tercero ofrece o aporta personal a una empresa beneficiaria final y ésta realiza sus actividades con los trabajadores de este tercero. La beneficiaria final trabaja sin trabajadores”, con el propósito de “liberarse de obligaciones laborales y beneficiarse en aspectos fiscales”. En esquemas así participarían unos 5 millones de trabajadores.

Colectivos feministas protestaron en Tulum para exigir justicia por Victoria Salazar, la mujer salvadoreña que fue sometida por cuatro policías de la Dirección Municipal de Seguridad Pública hasta que le provocaron la muerte.

“Victoria no se murió, la mató la policía de Quintana Roo”, gritaron las mujeres en Tulum y en otras ciudades de la entidad en referencia a la brutalidad con la que los policías sometieron a la mujer el pasado sábado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que ya conocía que que los familiares de Roberto Madrazo Pintado, el Gobernador michoacano Silvano Aureoles y Patricia Olamendi, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores de Vicente Fox Quesada, estaban detrás de la plataforma de medios Latinus. Pero afirmó que pensó que no le correspondía denunciarlos.

La rivalidad política entre Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado tiene más de tres décadas, desde que por primera vez el primero buscó ser Gobernador de Tabasco en 1988, y luego creció con la siguiente elección para el mismo cargo, de 1994, que ganó el segundo. Ahora, una nueva generación de los Madrazo está detrás de Latinus, una plataforma que sirve sobre todo a opositores al Gobierno de López Obrador.

López Obrador siempre acusó que Madrazo se impuso con fraude electoral y con un despilfarro de recursos, que en 1996 acreditó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de Antonio Lozano Gracia: Un total de 241 millones de pesos, el equivalente a 72 millones de dólares.

Debido a que no se pudo localizar a los testigos protegidos convocados a comparecer en la audiencia de la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, un juez pospuso la audiencia de vinculación a proceso que se realizaría este martes 30 de marzo.

Francisco Molina Ruiz, abogado defensor de Maru Campos, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado, notificó al Tribunal Superior de Justicia que no fue posible notificar a los testigos protegidos que fueron llamados a comparecer.

Un militar mexicano mató a un ciudadano guatemalteco en un cruce fronterizo de Chiapas, en el municipio de Mazapa de Madero.

El gobierno de Guatemala condenó la muerte del hombre, a quien identificó como Elvin Mazariegos Pérez.

Reportes de la policía local habían señalado que la víctima de 30 años apuntó con un arma a los militares, sin embargo, esto no fue así.

Félix Salgado Macedonio acude este martes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de de la Federación, para impugnar la decisión del INE de retirarle la candidatura a gobernador de Guerrero, adelantó anoche Marcial Rodríguez Saldaña, dirigente de Morena en ese estado.

En entrevista para Aristegui Noticias, también anunció que mañana miércoles habrá una gran movilización en Chilpancingo, Guerrero, para protestar por el retiro de la candidatura que buscan que los magistrados del Tribunal le devuelvan al calentano.

De acuerdo con el registro del Instituto Nacional de Migración (INM), a la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza se le autorizó su estancia en territorio nacional como residente permanente por razones humanitarias desde 2018.

Salazar fue asesinada el 27 de marzo por cuatro policías de Tulum, quienes la sometieron con exceso de fuerza, lo que le provocó la fractura de la columna vertebral, un caso que ha desatado la indignación.

Los cuatro policías municipales que sometieron y asesinaron a una mujer en Tulum el sábado por la tarde fueron ingresados a un penal y puestos a disposición de un juez por su probable participación en el feminicidio.

Además fue separado del cargo Nesguer Vicencio Méndez, director de la policía de Tulum. En su lugar se nombró al comandante Carlos Lázaro Caraveo Vázquez como encargado de despacho.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó en un comunicado que de acuerdo con la necropsia, la víctima – de origen Salvadoreño – murió debido a una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra.

El juez federal Ganther Villar Ceballos ordenó que el exoficial Mayor de la Sedesol y Sedtau, Emilio Zebadúa, sea citado a comparecer en el juicio que Rosario Robles deberá enfrentar por las presuntas omisiones en las que habría incurrido y que permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos bajo el esquema de “La Estafa Maestra”.

La presentación de Zebadúa en el juicio para ser interrogado por las partes fue hecha por la propia defensa de la exfuncionaria federal y forma parte de las pruebas y testigos que se están presentando en la audiencia intermedia del proceso, la cual inició el pasado viernes y se reanudará esta tarde.

Dos personas murieron y otra resultó gravemente herida por un ataque armado ocurrido la tarde de este sábado en la colonia La Haciendita del municipio conurbado de Villa de Álvarez.

De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas fatales son un hombre y una mujer, mientras que la persona herida, que fue trasladada de emergencia a recibir atención médica, es del sexo masculino.

Tenía 16 años. Maricela “N”, de origen otomí, desapareció de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, el día en que comenzó la Primavera. Sin embargo, cuatro días después, las autoridades hallaron su cuerpo sin vida y con signos de “violencia excesiva”, por lo que la autoridad inició la investigación por el delito de feminicidio.

El asesinato de esta menor de origen indígena se suma a la desaparición y ejecución de Alan Yair “N” de 12 y Héctor Efraín “N” de 14, ambos de origen mazahua, en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre del 2020.

Ante el “escalofriante” asesinato de la refugiada salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, por parte de cuatro agentes de la policía municipal de Tulum, el sábado 27, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA) urgió el gobierno mexicano a “abordar las causas estructurales de la brutalidad por parte de sus fuerzas de seguridad”.

En sus redes sociales, la organización denunció que en el asesinato de la mujer “destaca la prevalencia de la brutalidad policial, el racismo sistemático y la violencia estructural en ambos lados de la frontera con Estados Unidos”, y exhortó las autoridades mexicanas a “llevar ante la justicia a los responsables” del crimen.