En los dos primeros años del gobierno de López Obrador un total de 45 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en México, arrojando un promedio de casi dos activistas muertos cada mes. 

Así lo documenta la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) – conformada por 85 organizaciones de la sociedad civil en 23 estados – en un informe anual que presentó este jueves sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México. 

Autoridades de Guerrero localizaron el cuerpo de Alma Elizabeth Miranda Guzmán, quien fue secuestrada hace 6 días en el municipio de Huamuxtitlán.

El cuerpo de la joven de 26 años fue encontrado la tarde de este miércoles en un paraje cercano a la carretera Xochihuehuetlán-Tepetlapa, en la región de La Montaña de Guerrero.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo de Alma Elizabeth estaba envuelto en bolsas de plástico.

La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene hasta el momento 52 carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos en la materia, informó la fiscal, Alma Elena Sarayth de León Cardona.

En videoconferencia, explicó que, de ese total, 38 se concentran en nueve alcaldías: 1 en Benito Juárez, 2 en Cuauhtémoc, 1 en Gustavo A. Madero, 2 en Iztapalapa, 2 en Milpa Alta, 1 en La Magdalena Contreras, 14 en Miguel Hidalgo, 13 en Tláhuac y 2 en Tlalpan.

Un agente de la policía estatal de Querétaro fue asesinado este jueves cuando se encontraba descansando y visitaba a familiares en Apaseo el Grande, de donde era originario.

La propia corporación informó de este homicidio en sus redes sociales. Esto ocurrió por la madrugada, en la comunidad Las Adjuntas de dicho municipio.

El gobernador de Texas, Greg Abbot, exigió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, “tomar medidas inmediatas” para designar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

En su cuenta en Twitter @GovAbbott, el republicano compartió una carta con su petición con el siguiente mensaje: “Instando al presidente Biden y a la vicepresidente y zar fronteriza Harris a designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras”.

Un juez federal de Reynosa, Tamaulipas, vinculó a proceso a seis marinos acusados de la desaparición forzada del joven José Luis Bautista Carrillo, de 32 años, ocurrida el 10 de mayo de 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Según informó el Poder Judicial, los elementos navales acusados seguirán en prisión al menos seis meses, mientras que se desarrolla el plazo de investigación complementaria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó esta mañana las protestas del personal médico privado que ha exigido un plan para ser inmunizados y reiteró que si no les corresponde, no serán vacunados.

“No hubo una protesta como hubiesen querido nuestros adversarios, que pararan los hospitales, que tomaran las calles”, dijo al destacar que ayer se convocó a una manifestación de médicos y “no se reunió  gente”.

La Fiscalía General de Nayarit informó este miércoles de la muerte de Juan Miguel Coppel Godoy, denunciante del exfiscal Édgar Veytia por amenazas, tortura y otros delitos, quien además gozaba de protección del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por sus declaraciones ante este organismo internacional.

El hombre estaba detenido desde el 10 de enero de 2021 por los presuntos delitos de amenazas y extorsión, que se estaban investigando.

Hasta el momento la Fiscalía local no ha establecido la causa de su muerte pero advirtió en un comunicado y ratificado por la directora general de investigación ministerial, Cecilia Dávalos, que podría tratarse de un paro cardiorrespiratorio, y que el Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses se encarga de la necropsia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó públicamente a la Fiscalía de Veracruz a que reabra la investigación por el caso Ernestina Ascencio, con con las consecuencias legales que corresponden y se facilitan los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación.

En un comunicado publicado este jueves la CNDH afirmó que persisten “dudas generalizadas en el tratamiento” de la denuncia sobre una violación sexual a Ernestina Ascencio por elementos del Ejército mexicano, en la sierra de Zongolica, Veracruz, el 25 de febrero de 2007.

Campos atrajo a líderes de la extrema derecha del PAN con el lema #HastaDondeTope y la consigna de no dejar llegar a Morena al poder en Chihuahua. A ellos se agregaron el PRD y priistas allegados al exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente preso en Miami, sujeto a un proceso de extradición.

“Saqué ora sí que lo poco que tenía ahorrado y me lo fui gastando (…) cuando me lo acabé empecé a vender cigarros. Me fui por las avenidas más grandes, ahí por Insurgentes que era donde más o menos había gente porque en las calles no había ni un alma. Ganaba yo 30 o 40 pesos. Me iba temprano, ya 40, 50 pesos ya eran muy buenos, ya traíamos tortilla, un kilo de huevo”, cuenta Gabriela.

“Estoy desesperada”. 

Es lo primero que dice July Raquel Flores nada más atender la llamada desde el penal de Pacho Viejo, Xalapa, donde lleva presa más de cinco meses tras ser vinculada a proceso por el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, a pesar de que, tal y como documentó Animal Político en un reportaje publicado el pasado 22 de febrero, hay numerosas pruebas y testimonios que contradicen las imputaciones de la Fiscalía veracruzana en su contra.

Segunda y última parte. En México, la trasnacional Odebrecht recibió un trato fiscal privilegiado. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) autorizó a ocho de sus empresas que operan en el país deducir 35 mil 76 millones 336 mil 853 pesos del impuesto sobre la renta (ISR), revela la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acerca de este caso de corrupción a la que Contralínea tuvo acceso. Con ello, les fueron condonados más de 1 mil millones de pesos.

En la revisión de miles de contratos que otorga Petróleos Mexicanos (Pemex), las secretarías de la Función Pública y de Energía han puesto especial atención en cuatro de ellos por la presunta comisión de irregularidades, y que para la empresa petrolera del Estado significaron un gasto total por 1 mil 415 millones 499 mil 874 pesos, por lo que esa asignación, junto con otras supuestas anomalías, habrían causado la renuncia del subdirector de Servicios de Explotación de Pemex, Abraham David Alipi Mena.

El caso al interior del gobierno federal ha llamado la atención al punto que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) abrió una investigación –por ser Pemex un asunto de seguridad nacional– sobre los hermanos Javier y Rolando Cantú Barragán, oriundos de Reynosa, Tamaulipas, dueños de las beneficiadas con dichos contratos: Transportes Internacionales Tamaulipecos, SA de CV (TITSA); y Transportaciones y Construcciones Tamaulipecas, SA de CV (Tracotamsa). Empresas que también son revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR) y también de parte de Estados Unidos a través de sus agencias DEA y FBI, que investigan particularmente a Javier Cantú.

Dijo que ahora se busca que el vacío de autoridad vuelva a ser ocupado por el Estado. En este caso, la seguridad debe estar a cargo de la Guardia Nacional si las corporaciones policiacas estatales han sido rebasadas.

Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, manifestó su desacuerdo con que incorporen niños a las Policías Comunitarias y a las Autodefensas. “Esto ya no funciona; esto podía tener efectos en el periodo neoliberal, en el régimen anterior de corrupción, injusticias, privilegios”.

La Casa del Migrante de Saltillo exigió que las autoridades vacunen al personal de tareas humanitarias y de defensa de derechos humanos y que atiendan de manera humanitaria a la población migrante debido a su “extrema vulnerabilidad frente a la pandemia”.

La organización radicada en Coahuila denunció la escasa atención humanitaria que el Estado brinda a la población migrante y pidió la intervención del gobierno federal, estatal y municipal para la atención de las personas en condición de movilidad humana y su personal defensor.

Los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fueron liberados después de 40 horas de secuestro en Ocosingo, Chiapas. En un comunicado, el Frayba aseguró que la privación de la libertad de ambos se originó por su trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en el estado y que tras su liberación se encuentran en buen estado de salud.

Los defensores prefirieron no dar más detalles del hecho, para no “poner en riesgo ni vulnerar la seguridad” de quienes integran el Centro, además desmintieron la versión del estado de que fue un “accidente de tránsito”.

Desde un tribunal federal de Brooklyn, el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Eric N. Vitaliano, emitió un fallo por incumplimiento y un decreto parcial de decomiso para autorizar la incautación de cinco propiedades inmobiliarias del narcotraficante Rafael Caro Quintero, las cuales están ubicadas en Guadalajara, Jalisco.

El magnate Ricardo Salinas Pliego, el tercer mexicano más rico, rechazó este jueves que la desigualdad sea el principal problema de la sociedad y defendió su visión de “no tener miedo” ante la pandemia de la COVID-19.

La renuencia de México a gastar dinero, realizar más pruebas, modificar la estrategia o reaccionar ante nueva evidencia científica contribuyeron a que el país sea uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus, de acuerdo con un informe publicado esta semana por la Universidad de California, campus San Francisco.

México habría tenido una cifra de muertes significativamente menor si hubiera actuado ante la crisis sanitaria como el promedio de los gobiernos, de acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Salud Global de la UCSF, que también divulgó un informe que critica con dureza la respuesta de Estados Unidos a la COVID-19.

Los integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) no han recibido órdenes de detener las obras para la construcción del Tren Maya a pesar de que existen amparos y suspensiones vigentes en varios tramos del proyecto, por lo que continuarán con su labor diaria en la Península de Yucatán, explicó el secretario de Infraestructura y Transporte de la agrupación, Raúl Uribe Soria.

“Nosotros seguimos trabajando, y los amparos son de diferentes cuestiones. Si a nosotros nos llega una resolución de un juez donde nos digan que no podamos mover un camión, ahí sí, sería cuestión de la empresa y tendríamos que parar los trabas”, dijo Uribe Soria en conferencia de prensa.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Hidrocarburos, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha reforma refuerza el control estatal en la distribución y procesamiento de hidrocarburos.

Propone que las autoridades puedan suspender permisos de privados “a fin de garantizar los intereses de la Nación” o cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

“Desperdicio de recursos en Harvard con la colaboracionista Ríos. La Viri siempre responderá a su origen, ni los filtros que utiliza la disimulan. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda”, escribió el pasado 8 de abril María Elena Pérez-Jaén Zermeño, candidata a Diputada plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN). Aunque este mensaje no iba dirigido hacia algún integrante de un partido político, sí lo realizó una persona que contiende por un cargo público y se enmarca dentro del proceso electoral 2021, donde las campañas políticas, costeadas con recursos públicos, se han caracterizado por discursos de odio que generan polarización.

Fiscales estadounidenses dijeron el jueves que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico.

El Fiscal del distrito este de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al Juez federal del caso en la que explica que la Fiscalía también tiene una “voluminosa” cantidad de grabaciones interceptadas. La carta se encuentra en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses.

“Es inexplicable cómo este Gobierno que ha criticado tanto al Gobierno de Calderón —con justa razón en la mayoría de las veces— regresa y hace un refrito de una iniciativa de Felipe Calderón y de García Luna que demostró ser una estrategia fallida y un fracaso”, comentó Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) sobre la aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM).

Lo que Calderón y García Luna hicieron en 2008 fue el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), el cual sólo funcionó hasta 2011 porque la base de datos fue filtrada y vendida en el mercado negro. Se aprobó también bajo el argumento de que ayudaría a reducir los delitos, pero de acuerdo con los datos de R3D, la extorsión y el secuestro aumentaron 40 y ocho por ciento, respectivamente, justo en esos tres años.