La Oficina Especial para el Caso Iguala, que encabezó José Trinidad Larrieta Carrasco, no investigó las violaciones a los derechos humanos de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, ni las violaciones a los derechos humanos de sus familiares, sino que asumió una personalidad ministerial que manipuló y forzó información para sustentar la “verdad histórica” que planteó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) encabezada por Jesús Murillo Karam.
Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la que dependía esta oficina que fue reasignada a una visitaduría, solicitará se investigue el actuar de Larrieta Carrasco y se finquen las responsabilidades correspondientes.