Durante la pandemia de la covid-19, los niños en edad escolar experimentaron retrasos de aprendizaje y una pérdida de conocimientos y habilidades equivalente a aproximadamente el 35% del aprendizaje total de un año escolar, según un estudio que publica este lunes la revista Nature Human Behaviour.

Esta conclusión se basa en un análisis de 42 estudios hechos en 15 países de ingresos altos y medios, añade la publicación.

El abogado Édgar Ulises Báez Gutiérrez admitió ante los integrantes de un comité de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que fueron a verlo a su domicilio, que tomó partes de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel Mossa, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin pruebas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) desestimó el testimonio de la policía de tránsito de Nezahualcóyotl, Estado de México, quien reveló que la adolescente desaparecida en Indios Verdes habría sido privada de su libertad junto a otro grupo de mujeres, entre las que se encontraba una niña de 11 años.

La presentación de una cronología de hechos por parte del vocero general de la FGJCDMX, Ulises Lara López, no fue suficiente para mostrar cómo es que la adolescente llegó al municipio  de Nezahualcóyotl, donde fue localizada cubierta con una bolsa de plástico y atada de pies y manos.

Mientras la atención se centra en revictimizar a la adolescente, intentado demostrar que se ausentó por “voluntad propia”, la Fiscalía no ha respondido cómo es que ella llegó hasta el sitio donde fue encontrada.

La desaparición forzada del abogado Ricardo Lagunes Gasca y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia en Aquila, Michoacán, «confirma el vacío institucional y la falta de capacidad operativa de las autoridades para actuar en un escenario de criminalidad generalizada como el territorio de México», aseguró la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT).

Las 84 organizaciones que integran la Red acusaron que el Ejecutivo federal no ha actuado ni brindado «un mínimo informe» sobre el paradero de los defensores, quienes luchaban contra la minera Ternium e en el territorio y fueron desaparecidos el pasado 15 de enero luego de participar en una asamblea comunitaria.

El gobierno de Michoacán pretende deslindarse de las investigaciones del caso de la desaparición del líder comunal de Aquila, Antonio Díaz Valencia, y del abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca, denunció la esposa de este último, la historiadora María de Jesús Ramírez Magallón.

Los dos defensores se encuentran desaparecidos desde el pasado domingo 15, cuando se trasladaban rumbo a la capital colimense después de haber participado en una asamblea de la comunidad indígena nahua de Aquila, Michoacán, y la camioneta en la que viajaban fue localizada con impactos de bala a la altura del poblado Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima.

Los estados de Michoacán, Chiapas y Zacatecas concentran el 84 por ciento del total de personas desplazadas, de todos los episodios de desplazamiento masivo registrados durante el 2021 en el país, causados principalmente por la violencia desatada por organizaciones de la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Así lo revela el más reciente informe: “Episodios de desplazamiento forzado masivo en México”, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La dirección del Metro de la Ciudad de México señaló a “grupos externos” como los responsables del robo de cable en la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC), al tiempo que hizo un llamado a los trabajadores a actuar “todos los días juntos” a favor de los usuarios.

El Metro respondió así a los reclamos que el Sindicato Nacional del STC hizo tanto el viernes como el sábado, luego de que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) diera a conocer dictámenes en los que menciona que fallas recientes se deben a actos intencionales. 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional desplegaron a 360 elementos para contrarrestar actividades ilícitas de grupos que operan en los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Santa Lucía del Camino y Oaxaca de Juárez.

Las fuerzas federales informaron que el despliegue es parte del “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, que busca hace cumplir la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y combatir la comisión de delitos, reducción de homicidios y asaltos que realizan las organizaciones delictivas.

La Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco recolectará firmas para la revocación de mandato del alcalde José Carlos Acosta Ruíz, a quien acusan de permitir el saqueo del agua, la destrucción del territorio y la represión a la población.

En comunicado, la Coordinación explicó que entre las causas por las que Acosta Ruíz debe ser retirado de su cargo está el intento de imponer proyectos de infraestructura hidráulica no consensuados con los pueblos y barrios originarios, «además de usar la violencia y el acarreo en las asambleas» y reprimir al pueblo de San Gregorio Atlapulco, que protestó contra la obra.

Durante las primeras tres semanas del 2023, ocho mujeres han sido asesinadas en Oaxaca, aseguró el Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer). Entidad que cerró el 2022 con 169 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales únicamente 41 se investigan como feminicidio. 

De acuerdo con un seguimiento hemerográfico realizado por GESMujer, basado en los principales diarios de Oaxaca, impresos y digitales, del 1 de enero al 23 de enero de 23, se pudo encontrar que la Región de Cañada, Istmo y Valles centrales fueron las zonas donde se perpetraron los ocho casos de feminicidio.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar todos los documentos relacionados con dos contratos celebrados con la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V. para el “servicio de monitoreo de información remota”, la cual sería la representante exclusiva de la compañía israelí NSO Group, dueña del software Pegasus, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La Comisionada Josefina Román Vergara planteó que dicho servicio, por parte de una dependencia del Estado, “es una actividad en la que necesariamente debe mediar una orden judicial, pues la inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho humano”, establecido en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Tres mujeres fueron encontradas sin vida en el interior de una casa en el fraccionamiento Hacienda de las Torres Universidad, ubicado al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según medios locales, un vecino al ver la puerta del domicilio abierta encontró los cadáveres de las mujeres, quienes se encontraban atadas y degolladas.

Una familia que viajaba sobre la autopista México-Tuxpan, hacia Acaxochitlán, Hidalgo, fue atacada a balazos este sábado por presuntos elementos de la Guardia Nacional que viajaban en la unidad 15646.

En los hechos quedó herido de gravedad a un niño de nueve años.

Una mujer más, herida en el ataque armado en El Venadito en el pueblo mágico de Jerez, murió mientras recibía atención médica en el hospital, confirmaron fuentes de Seguridad. 

Con esta víctima aumenta a ocho el número de personas asesinadas un  grupo armado la noche del viernes 27.

En medio del juicio contra Genaro García por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y que se realiza en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que el exsecretario de Seguridad en tiempos del expresidente Felipe Calderón, cuenta con dos órdenes de aprehensión en México, independientes al proceso judicial que se realiza en Nueva York. 

"El primer mandamiento de captura es el relativo a la participación de Genaro “G”, en el caso de la introducción ilegal de armamento denominado “Rápido y Furioso”. En este asunto, las armas que las autoridades mexicanas, en su momento, permitieron entrar ilegalmente, han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia", informó la dependencia en un comunicado.

Autoridades informaron que el crimen del menor de edad ocurrión en la calle Cayumito, a un costado de la unidad deportiva, donde el joven de desempeñaba como vendedor de tacos a vapor.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), recordó y presumió este sábado las presiones al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su primer evento oficial de campaña, donde aseguró que obligó a la administración de mandatario a aceptar el controvertido plan migrante Quédate en México.

En un discurso en el estado de Nuevo Hampshire, Trump presumió de las presiones a las que supuestamente sometió a López Obrador para aceptar el programa que obligaba a migrantes y refugiados a permanecer en México mientras se resolvían sus peticiones de asilo.

Fue localizado muerto Miguel Alberto Lozano Cuellar, ingeniero en electrónica que fue privado de la libertad por seis sujetos cuando acudió a una cita para dar una cotización de cámaras de vigilancia el pasado 20 de enero.

La Fiscalía de Jalisco reportó que la noche del lunes 23 de enero encontraron en Zapopan el cadáver de un hombre con los rasgos de Miguel Alberto, pero debido a las condiciones en que se encontraba, fue necesario practicar pruebas de ADN.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo exigió peritajes técnicos y científicos para determinar las causas de las fallas en la operación del Metro y rechazó la criminalización de los trabajadores por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Hemos conocido con sorpresa y preocupación las declaraciones que hizo públicas el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, con las que trata de inculpar a las y los trabajadores de las fallas y averías que se presentan en las instalaciones y trenes con que opera el Metro”, manifestó el sindicato.

El abogado de víctimas del choque en la Línea 3 del Metro, Cristopher Estupiñán, rechazó el resultado de la investigación que hizo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en el sentido de que éste se debió al corte “doloso” de cables y a la negligencia del conductor del convoy que se impactó.

“No aceptamos que se quiera fincar toda la responsabilidad al conductor y a un supuesto sabotaje, culpándolo de toda la tragedia a él, cuando en las declaraciones previas quedó demostrado que existían problemas en la comunicación, señalización y pilotaje automático que no fueron atendidos a tiempo y a pesar de ellos se permitió la prestación del servicio, asumiendo el riesgo de una tragedia”, dijo en un comunicado.

La Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (UECOT), de la FGEG, desarticuló una red de trata de personas que operaba en León y era dirigida desde Puebla. Dos hombres y una mujer que explotaban sexualmente a dos víctimas fueron detenidos y sentenciados a prisión.

El grupo de tratantes identificado como “Los Poblanos” se valían de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para acceder y reclutar mujeres hasta obligarlas a prostituirse en la ciudad de León.

Un Juez de Control impuso la medida de prisión domiciliaria al conductor del Metro Carlos Alfredo “N”, señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por su posible participación en los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, ocurridos el 7 de enero en la Línea 3. Su situación jurídica se resolverá el próximo miércoles.

En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, la defensa legal del conductor solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el próximo 1 de febrero el Juez deberá determinar si lo vincula o no a proceso.

Un grupo armado irrumpió la noche del viernes en el bar El Venadito, ubicado en el pueblo mágico de Jerez, y disparó a clientes, trabajadores y músicos.

Al menos siete personas fueron asesinadas y seis más resultaron heridas, de acuerdo con reportes de fuentes de seguridad.

La DEA destituyó discretamente a su funcionario de más alto nivel en México el año pasado por contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para una gestión breve marcada por el deterioro en la cooperación entre ambos países y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos.

El hecho de que Nicholas Palmeri haya socializado y vacacionado con abogados de Miami que representan a narcos, actividades detalladas en registros confidenciales revisados por The Associated Press, a la larga provocó su caída después de sólo 14 meses de ser el poderoso director regional de la agencia antinarcóticos, el cual supervisa a docenas de agentes a lo largo de México, Centroamérica y Canadá.

A lo largo de los últimos cuatro años el gobierno federal, especialmente el canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, han sostenido que estas medidas –severamente criticadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos– fueron producto de decisiones unilaterales de la administración del entonces presidente Donald Trump sin el consentimiento de México.