Un estudio de la Sedena, hackeado por el colectivo Guacamaya, confirma lo que los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos –en la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006– ya intuían: el rescate de los cuerpos “no es viable” en los cuatro años que el presidente López Obrador prometió a los familiares. El mandatario encargó la recuperación de los cadáveres a la CFE… misma que subcontrató para esos trabajos a un par de empresas propiedad de Olegario Vázquez Raña.
El 15 de febrero de 2022, tres días antes de que se iniciaran las jornadas de denuncia y memoria por los 65 trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos, un documento de una unidad de información de la Sedena dio cuenta del interés de sus mandos por las acciones de los deudos, al elaborar un “estudio” remitido a la superioridad.
